El rechazo a la reforma constitucional que declara a las aguas bienes de dominio público propuso el gobierno a la Cámara de Diputados, a través de un documento entregado a la mesa de la Corporación por el ministerio Secretaría General de la Presidencia.

El documento dio cumplimiento a la solicitud de la Sala efectuada el 6 de abril pasado, en el contexto del análisis de la iniciativa, que cuenta con informes aprobados por mayoría de las comisiones de Agricultura y de Constitución. En la oportunidad, se estimó necesario conocer la posición del Ejecutivo sobre la materia, previo a votar su idea de legislar.

La propuesta es una de las conclusiones del informe de la llamada “mesa del agua”, instancia que estuvo integrada por los ministerios de Obras Públicas (Dirección General de Aguas, DGA), Medioambiente, Agricultura, Minería y Energía.

En el informe de siete carillas, la mesa hace un breve análisis de la situación del recurso hídrico en el país y expone su posición sobre la reforma constitucional en trámite, siendo su principal conclusión la necesidad de rechazar la iniciativa estimando que la reforma constitucional “carece de fundamento jurídico ya que no se ve un efecto en el sistema actual”.

Además, se sostiene que resulta redundante que se delegue a la ley la regulación de los procedimientos relacionados con los derechos de agua, así como el establecimiento de limitaciones y obligaciones, dado que la misma Constitución dispone que el derecho de aprovechamiento de aguas constituye propiedad (lo que implica uso, goce y disposición) y que las limitaciones y obligaciones que derivan de su función social, corresponden al legislador.

Haciéndose eco de lo expresado por el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales, Jorge Correa, el documento señala que la elevación a rango constitucional del carácter nacional de uso público de las aguas genera una asimetría con los restantes bienes nacionales de uso público que seguirán siendo regulados sólo por una ley.

También se estima que la reforma constitucional genera incertidumbre en un doble sentido: al indicar que una ley podrá establecer limitaciones y obligaciones que podrán imponerse al respectivo derecho de aprovechamiento de agua, en atención a su rol social; y al hecho que también vía ley se pueda regular el procedimiento de extinción de este tipo de derechos.

“La mayor incertidumbre que genera la reforma constitucional afectará en su mayor parte a los agricultores, quienes tienen aproximadamente el 80% de los derechos consuntivos. Muchos de ellos perderán un activo de gran valor, que se sumaría a la incertidumbre actual derivada del cambio climático y de mayor escasez del recurso. Esto puede generar un efecto o impacto social desconocido”, destaca el informe.

El Ejecutivo resaltó que aprobar el proyecto en los términos actuales sólo conduciría a problemas de interpretación. En tal sentido estimó procedente avanzar en otra línea y anunció la presentación, en el más breve plazo, de un proyecto de ley que perfeccione algunos aspectos concretos de la legislación vigente.

Según se informó, las mejoras propuestas tendrán por ejes centrales dar una adecuada protección y resguardo a los usuarios; aumento de las sanciones; perfeccionamiento del tipo penal del delito de usurpación de aguas, incluyendo expresamente las aguas subterráneas y las aguas en estado sólido (glaciales) y aumento de la pena asociado a dicho ilícito.

Adicionalmente, se dijo que solicitará a la DGA la elaboración de un plan de fortalecimiento institucional del servicio que permita disponer de mayor infraestructura, personal, sistemas de manejo de información hídrica, modelos de simulación hidrogeológica y financiamiento suficiente para el estudio de las cuencas sobre las cuales no se tiene información.

Fuente: Camara de Diputados